
Fechado el 29 de agosto de 2011, el semanario Serta publicó un trabajo de Gerardo Zúñiga Pacheco sobre el empresario Luis Raymundo Cano Hernández, el socio principal del desarrollo turístico Paraíso del Mar. El trabajo titulado Las transas en El Mogote, se transcribe a continuación. Foto de portada: Zeta
La Paz, Baja California Sur. Cobijado por los ex gobernadores Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño, Luis Raymundo Cano Hernández se convirtió, al amparo del poder, en un prominente hombre de negocios, cuya fama alcanzó la cúspide en las administraciones perredistas en la entidad.
La vida del empresario originario de Los Mochis, Sinaloa y radicado en Los Cabos, tuvo prácticamente un boom en los últimos 12 años. Después de poseer apenas una austera constructora, consolidó siete proyectos de viviendas residenciales, clubes, hoteles y hasta compró un terreno insular -casi una isla- donde construía su magna obra: Paraíso del Mar.
El desarrollo, que contemplaba una inversión de mil 200 millones de dólares, tenía entre sus planes campos de golf, condominios, villas, penthouses, áreas comerciales, parques recreativos, marinas, muelles, estacionamientos, un club de playa, un hotel y hasta un centro de convenciones; es decir, todo un emporio turístico que estaría ubicado en un terreno de poco más de 500 hectáreas, justamente frente a La Paz, según consta en el Plan Maestro de 324 hojas.
Sin embargo, la vida del “exitoso” empresario tomó un dramático rumbo después de la derrota del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ahora, con el panismo al frente del estado, el 22 de agosto Luis Cano tuvo que confesar públicamente que su desarrollo atraviesa por una situación “muy crítica”, dado a que la percepción que se tiene sobre su persona y sobre su proyecto está por los suelos, a tal grado que aquellos que se convirtieron en sus aliados financieros, como extranjeros, compañías de fondos de inversión y hasta bancos, lo dejaron solo y a la deriva.
Por si fuera poco, el afamado empresario dejó de pagar y abonar dinero en el crédito resolvente que tenía estructurado hasta por 240 millones de dólares, por lo que las compañías financieras que respaldaron su proyecto, como la firma de fondo de inversión Mark Capital Management, Inc. y el banco Capital Source de Fresno y Los Ángeles, California, hoy exigen y reclaman el pago inmediato de 90 millones de dólares que adeuda.
De lo contrario, las compañías financieras podrían hacer valer el crédito hipotecario firmado en el contrato y adjudicarse el proyecto de desarrollo, donde nacionales y extranjeros compraron lotes, casas, condominios y penthouses que oscilan entre los 70 mil y 889 mil 900 dólares por inmueble.
Sin embargo, Cano todavía tiene sus dudas y reservas sobre el nubarrón que está encima de su proyecto y el futuro que le depara: “No creo que me vayan a embargar o que el proyecto se vaya a terminar, porque tenemos invertidos 190 millones de dólares hasta ahorita, lo que vamos a hacer, es buscar vender el proyecto con nuevos inversionistas que estén interesados en Paraíso del Mar”.
Quizá por ello el empresario está jugando su última carta: culpar a grupos ecologistas, además de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por “haberle creado un ambiente negativo y de incertidumbre jurídica” a su magno proyecto, ante las constantes clausuras de sus más de 15 obras de construcción y debido a los juicios aperturados en contra de Paraíso del Mar.
La mayoría de los analistas coinciden que detrás del caso de Luis Cano está la mano del secretario general de Gobierno, Carlos Mendoza Davis, quien necesitaba que el tema reventara públicamente para tener un pretexto para intervenir a su favor, al ser el único aliado que le queda en el nuevo gobierno. Y como en política no hay casualidades, todo obedece a una estrategia que tiene dos intenciones.
La primera busca revertir los procesos legales de PROFEPA y SEMARNAT, y tratar de acreditar jurídicamente daños, a fin de reclamar después una indemnización que permita recuperar el monto perdido por la actividad irregular del Estado, y pagar su adeudo con las compañías extranjeras.
La segunda es evitar más juicios y procesos legales de las dos instancias del Gobierno Federal, y generar una certidumbre jurídica que permita vender el proyecto a inversionistas.
Pero la pérdida de imagen y credibilidad del empresario surgió desde el momento mismo en que fue detenido y encarcelado por una defraudación fiscal, cuya información circulaba -a nivel de charla de café- en ciertos círculos sociales y que hoy ZETA publica.
El origen de tanto enredo
El 3 de noviembre de 2005, Luis Raymundo Cano Hernández fue detenido y encarcelado por los elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Marco Antonio Muñoz Araujo y Guillermo Israel Salazar Espinoza, acusado del delito de defraudación fiscal equiparada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según consta en la causa penal 96/2005.
El agente del Ministerio Público de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Jacqueline Millán Torres, había librado la orden de aprehensión el 20 de septiembre de ese año, bajo el oficio 528/2005 y cumplimentada 44 días después, cuando finalmente Cano fue localizado y quedó a disposición del Juez Segundo de Distrito del Estado de Baja California Sur, Alejandro Gracia Gómez.
El empresario fue internado a las 16:30 horas en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz, al ser investigado por la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP, en ese entonces a cargo de Eduardo Javier Tito Sodi Camona, por haber omitido -del 1 de enero a diciembre de 2000- el pago de impuestos sobre la renta de los ingresos por honorarios, y en general por prestación de un servicio personal independiente retenido a sus trabajadores, así como el retenido derivado de los ingresos por arrendamiento y en general para otorgar el uso o goce temporal de inmuebles por un monto total de 1 millón 562 mil 015 pesos con 12 centavos.
La Procuraduría Fiscal de la Federación abrió la averiguación previa UEIDFF/FISM12/11/2005 en contra de Cano por considerarlo responsable del delito en agravio del fisco federal y quien figuraba como administrador único y accionista mayoritario de la constructora Gran Visión, S.A de C.V., con domicilio fiscal en el Kilómetro 29 de la carretera transpeninsular, Fraccionamiento La Joya de San José del Cabo, Baja California Sur.
En la empresa aparecían como sus socios una hermana y su esposa, de nombres Cinthia Cano Hernández y Karina Angulo Esquer, con el 20 por ciento de las acciones cada una, según la escritura pública número 41660 del 1 de septiembre del 1995.
La compañía había iniciado operaciones el 1 de octubre de 1995 en Calle Álvaro Obregón número 1665, interior 107, Colonia Centro en La Paz, y posteriormente -en 1999- cambió de domicilio fiscal hacia San José del Cabo.
El 16 de septiembre de 2001 llegó hasta las puertas de su negocio una auditoría para revisar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales del año 2000, en materia de Impuesto al Activo, Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, orden de visita debidamente notificada el 20 de febrero de 2001 a Alejandro Centeno Zubia, en su carácter de contador de la compañía, según consta su nombre y firma en el requerimiento y acta parcial de inicio.
Los auditores pidieron al contador de la constructora, manifestar bajo protesta decir la verdad respecto a si el contribuyente en revisión había presentado o no a la fecha de inicio de la diligencia y el formulario del uso múltiple de pago de contribuciones -el cual contiene las declaraciones de pago provisional de impuesto y retenciones por el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de 2000-, manifestando el compareciente que “en este momento se están presentando”.
Al exhibir los libros de contabilidad y social, así como los documentos relacionados del ejercicio en revisión, se detectó que las declaraciones habían sido presentadas en forma extemporánea y que no fueron enterados de los impuestos retenidos en su totalidad al momento de su presentación.
En la revisión, los visitadores detectaron que se había omitido declarar dos tipos de impuestos. El primero por 886 mil 132 pesos con 96 centavos por concepto de Impuesto sobre la Renta de los ingresos de honorarios y el segundo por 675 mil 882 pesos con 16 centavos por concepto de Impuesto al Valor Agregado, cantidades que en suma, daban un total de 1 millón 562 mil 015 pesos con 12 centavos.
A pesar de que el fiscal acreditó plenamente el delito de defraudación fiscal, tres días después el juez segundo de Distrito, Alejandro Gracia Gómez, ordenó el 6 de noviembre del mismo año, bajo el número de oficio 4537/P, el auto de libertad a favor del empresario, ya que la acción penal había prescrito, en término de los artículos 100 del Código Penal Federal y 100 del Código Fiscal de la Federación.
El agente del Ministerio Público de la Federación, Jacqueline Millán Torres, apeló la sentencia y el caso llegó al magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Sexto Circuito, quien resolvió revocar la decisión del juez y dictar la orden de aprehensión que nunca pudo ser cumplimentada.
La compra de “El Mogote”
Con estos antecedentes penales, Luis Cano prácticamente pasó de constructor a desarrollador, y en una licitación bastante cuestionable en la administración del ex gobernador Leonel Cota Montaño, se adjudicó 350 hectáreas de un terreno insular conocido como “El Mogote”, localizado justo frente a Bahía de La Paz.
El gobierno del PRD convocó a una licitación pública en aquel entonces (PI-08/2002), en la cual recibió propuestas económicas del 28 al 31 de agosto y únicamente se registraron dos compañías interesadas en adquirir el predio: Desarrollo Punta La Paz, S. de R.L de C.V., encabezada por Luis Raymundo Cano Hernández, y TSD Loreto Partners, S.A de C.V., propiedad de los mexicanos Alonso Ramírez Castañón, Sergio Arturo Yarritu González, Amparo López Berra y Francisco Arturo Gil Elorduy.
Obviamente el fallo fue para Cano, quien adquirió el terreno -que estaba bajo el dominio del gobierno desde 20 años atrás- en un precio irrisorio y prácticamente de ganga: 10 pesos el metro cuadrado, en contraste con el costo de mercado de entre 300 y 350 pesos en cualquier punto de la ciudad de La Paz, según datos de la Dirección del Registro Público y la Propiedad y del Comercio de La Paz.
Hasta 2002, el terreno insular poseía un régimen mixto de propiedad, y el Gobierno del Estado tenía un domino pleno de una parte del terreno. El resto estaba fraccionado en varios lotes propiedad de personas físicas y morales. La mayoría de estas propiedades aún se encuentran en su estado natural, sin construcciones y edificaciones, ya que si bien la zona no es área natural protegida, sí posee flora y fauna endémica.
El área cuenta con un camino rústico de toda la vida que atraviesa prácticamente el predio de lado a lado, el cual el desarrollador estaba pavimentando cuando tuvo la última clausura a su proyecto por parte de la PROFEPA.
Los socios
Aunque Luis Cano aparece en papeles como el principal accionista de la compañía Desarrollo Punta La Paz, S. de R.L de C.V., en realidad dos extranjeros son clave en materia financiera. Ellos son quienes han proveído hasta de un billón al empresario, y han establecido los contactos y servido de avales para que dos fondos de inversión y un banco facilitaran el inicio de operaciones un crédito resolvente o estructurado con un techo de hasta 240 millones de dólares a favor del desarrollo. Ellos son:
John G. Fair. Datos recabados por ZETA refieren que este estadounidense figura como el socio principal de Cano y es propietario de la compañía Fair Resort Development, así como del desarrollo Grace Bay Club, construido en 1993 y donde, a su vez, aparecen como socios los extranjeros Mark Durkat, Nikneel Advani y Michel Brewster, quienes adquirieron un terreno en la isla Turk & Caico, una joya del Caribe que pertenece a Gran Bretaña, pero que está localizada a 250 kilómetros al Este de Cuba y forma parte de las 40 islas de la región.
Junto con Cano, Fair también hizo el proyecto Esperanza Resort, un conjunto de villas y residencias donde la noche llega a costar hasta 475 dólares. Este lugar está sobre la carretera transpeninsular en el Kilómetro 7, manzana 10, de una zona conocida como Punta Ballenas en Cabo San Lucas.
Datos recabados por este Semanario exponen que John G. Fair inició su propio negocio a la edad de 27 años. A la fecha se jacta de haber invertido más de 300 millones de dólares y construido cerca de mil unidades habitacionales dentro de 500 lotes, en sitios como Colorado, Arizona, Utah, México y el Caribe.
Su compañía Fair Resort Development tiene 25 empleados, siendo el también extranjero Jason M. Mitchell el director financiero.
Carol Uhl Barber Terkhorn. Información en poder de ZETA exhibe que esta mujer, originaria de Las Vegas, Nevada, es la segunda y última socia que el proyecto Paraíso del Mar tiene en Baja California Sur. Ella misma lo admite. En el organigrama aparece como directora comercial y es propietaria de la compañía de bienes y raíces Re/Max en La Paz.
Entre sus activos están bienes inmobiliarios en Las Vegas y Colorado. Asimismo, figura como dueña de Centurion Investment Company, fundada en 1991 en Estados Unidos. A su vez, aparece como co-propietaria de tres restaurantes en Las Vegas, uno de ellos de nombre Mexican Grill, y en su portafolio se ufana de haber vendido más de 100 millones de dólares en todos sus negocios.
Los dos extranjeros fueron clave para que Luis Cano pudiera acceder a un crédito revolvente otorgado por tres compañías de fondos de inversión en Estados Unidos, dos de las cuales se declararon en quiebra y otra más que en el trayecto de operaciones se convirtió en banco.
La sombra de los ex gobernadores Leonel Cota y Narciso Agúndez siempre ha estado presente en este proyecto de desarrollo y, aunque se dice que ambos tienen acciones y dinero invertido, hasta hoy nada se ha podido probar con papeles.
El cuestionable proyecto
Aun cuando se iniciaron operaciones desde el momento mismo de la compra del predio “El Mogote”, la verdad es que el ambicioso proyecto que pintaba de un emporio turístico a 15 donde se dibujaban escenarios fantásticos y una gran llegada de turismo, la realidad es que al cabo de 12 años únicamente registra un avance del 10 por ciento de lo que se tenía planeado.
Así lo reconoció el propio Luis Cano en conferencia de prensa ofrecida el 22 de agosto en el hotel Grand Plaza de La Paz, donde culpó de su fracaso a grupos ecologistas, PROFEPA y SEMARNAT, ya que no han permitido que avance y han ahuyentado a los inversionistas a través de juicios y sanciones que rayan en el escándalo de clausurar las obras.
“Hoy no tenemos camino de acceso al proyecto porque está clausurado, tendré que irme a un juicio que comúnmente dura entre cuatro y seis meses, y demostrarles que era infundado su procedimiento”, dijo a los reporteros.
El 14 de agosto PROFEPA cerró la única vía de acceso, al manifestar que la compañía de Luis Cano no tenía ningún permiso para construir en una zona donde predominan las especies endémicas. El propio delegado de SEMARNAT, Pablo César Támez Molina, expuso que Desarrollo Punta La Paz, S. de R.L. de C.V. no contaba con ninguna autorización y que inclusive el camino se pavimentaba de noche, el cual abarcaba 600 metros de largo por 4 metros de ancho a partir del Kilómetro 4 de la carretera de San Juan de la Costa hacia el desarrollo Paraíso del Mar.
Habrá lío para rato
“Habrá cero tolerancia a los desarrollos que no cuenten con las autorizaciones correspondientes”, advirtió el delegado federal, además de recalcar que PROFEPA estaría vigilante en trabajo conjunto y coordinado con el Estado y municipios para dar los resultados que los sudcalifornianos esperan. Al igual pidió la paciencia y confianza de la ciudadanía en sus autoridades, ya que la Ley marca tiempos específicos.
Hoy por hoy, el proyecto de desarrollo está paralizado desde hace cuatro semanas, sin trabajos de construcción dentro de las obras que llegaron a registrar hasta 2 mil trabajadores de albañilería, carpintería y herrería. Tan es así, que está a punto de iniciar un recorte de personal o de sueldos.
Sin padrinos políticos ni inversionistas que quieran arriesgar su dinero, a estas fechas Luis Cano parece correr con la misma mala suerte de Leonel Cota y Narciso Agúndez, ya sin el PRD en el poder en Baja California Sur.
En opinión del CCE
El caso ha levantado reacciones como las del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Estrada, quien enfatizó que la complejidad del problema únicamente la conoce el propio desarrollador. Estrada sugirió que los inversionistas busquen un plan de negocios y, dadas las circunstancias, incluyan a los más de 200 propietarios que compraron condominios y confiaron en el proyecto.
Desde su punto de vista, las medidas de autoridades ambientales no generan certidumbre alguna para la inversión, siempre y cuando los empresarios se apeguen a lo que marca la normatividad.
Hasta el momento, el proyecto Paraíso del Mar registra una inversión gastada de 190 millones de dólares, de un total de mil 200 que se habían planeado para concluir dos etapas en un plazo de 15 años.
Los costos de los predios a 10 pesos el metro
Lote |
Precio en dólares |
Con vista al mar |
500,000 |
Con vista al campo de golf |
175,000 |
Pequeños |
70,000 |
Fuente: Paraíso del Mar
* Nota del semanario Zeta publicada el 29 de agosto de 2011